• Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018 asesinaron 45 ambientalistas, según cifras oficiales.
  • Sin embargo, sólo incluye a beneficiarios del Mecanismo y deja fuera a otras víctimas, aseguran activistas.
  • A pesar de contar con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, "existe impunidad".
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A fines de octubre de 2021, la defensora medioambiental Irma Galindo salió de su casa, en una remota comunidad indígena al sur de México, para reunirse en la capital con autoridades de un programa estatal de protección a activistas al que pertenece, donde evaluarían las amenazas que había recibido por ser una activistas ambientales.

Pero ella, entonces de 41 años, nunca llegó a la cita en la Secretaría de Gobernación (Segob), responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Compañeras la reportaron como desaparecida y dijeron que el caso tiene relación con su lucha en contra de la tala ilegal de en Oaxaca.

Galindo sigue desaparecida y las autoridades han hecho pocos progresos en su caso. Pero su historia no es única en México.

45 activistas ambientales asesinados desde 2018

Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia en 2018 asesinaron 45 ambientalistas , según cifras oficiales compartidas con Reuters.

La cifra rebasa a gobiernos anteriores y coloca a México como el segundo país más peligroso del mundo para activistas después de Colombia.

Sin embargo, sólo incluye a beneficiarios del Mecanismo y deja fuera a otras víctimas, aseguran activistas.

Según la ONG Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), bajo López Obrador al menos 58 ambientalistas han muerto, siendo 2021 el año más violento para la profesión con 25 asesinatos.

«Cuando el Mecanismo actúa, muchas veces es demasiado tarde», se lamentó Sara Méndez, consejera ciudadana de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca y miembro de la organización civil Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha.

El programa ofrece diversos grados de protección, desde poco más que un registro de amenazas hasta geolocalizadores para activistas o incluso guardaespaldas y asistencia para huir del país.

Activistas ambientales tienen miedo de morir

Días antes de desaparecer, Galindo envió una carta a los encargados del Mecanismo asegurando que tenía «miedo de morir» y los denunció por no haberle otorgado «seguridad».

«Voy a dejar de esconderme para proteger mi pellejo a cambio de que el gobierno federal, las organizaciones que se dicen ecologistas y gente que dice amar la naturaleza me ayude a desarticular la mafia del poder que está matando a mi gente de la montaña», escribió en una carta fechada el 22 de octubre.

Un día después, mientras estaba en la capital, hombres armados irrumpieron en su comunidad, San Esteban Atatlahuca, y asesinaron a siete personas, hirieron de bala a otra y quemaron decenas de casas, según pobladores consultados por Reuters.

Algunos ambientalistas han criticado al mandatario por hacer poco para abordar el problema y hasta minimizar la importancia del activismo ambiental y los peligros de sus obras insignia, como el Tren Maya.

Pero López Obrador ha insistido en que es un «aliado» del medioambiente.

Galindo recibió amenazas por defender el bosque de la región mixteca

Pese a que las amenazas contra Galindo no eran nuevas, ella recién entró a formar parte del Mecanismo en 2021.

Desde hace cuatro años denunció la tala ilegal en la región mixteca, que abarca 35,000 kilómetros cuadrados en Guerrero, Oaxaca y Puebla.

Ella expuso la existencia de un aserradero que destruía el bosque, según dijo, con permisos de las autoridades.

Ni la Secretaría del Medioambiente, ni autoridades de Oaxaca respondieron a solicitudes de información por parte de Reuters.

Entonces empezó su calvario: fue hostigada, perseguida, difamada y amenazada de muerte por parte de servidores públicos y de familiares, según denunció Galindo y la ONG Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, que la apoyaba.

En octubre de 2019, ella acusó de «hostigamiento y persecución» a dos autoridades de San Esteban Atatlahuca.

Un mes más tarde, incendiaron su casa y las de otros activistas, lo que la obligó a salir del país. Galindo responsabilizó del ataque a autoridades locales.

A pesar del riesgo, Galindo regresó a su pueblo y continuó su labor

«Volví porque yo no tengo por qué esconderme, no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo un bosque que beneficia a nuestras comunidades», comentó entonces.

El tráfico de vida silvestre aumentó de manera notable en los últimos años, convirtiéndose en uno de los negocios ilegales más redituables para cárteles.

Pese a estos antecedentes, el caso de Galindo fue calificado por parte del Mecanismo como «ordinario», lo que significa que «podía esperar» y que «su vida no corría peligro», aseguró la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

Las fiscalías de Ciudad de México, donde ella desapareció, y de Oaxaca, donde recibió las amenazas, investigan el caso pero no hay avances.

Activistas creen que el caso de Galindo engrosará la lista de los que quedan sin resolver.

Según cifras oficiales, de los 45 ambientalistas solo se ha dictado sentencia en dos casos, lo que supone una impunidad de 96%.

«Lamentablemente esta situación que padecemos como Estado mexicano la venimos arrastrando hace más de 15 años, más de 15 años en donde no se ha podido lograr parar el aumento de agresiones«, confesó Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Segob.

«Por más que podamos edificar un sistema efectivo de protección, mientras existan esos índices de impunidad va a ser difícil acabar con el problema», agregó.

Las autoridades locales responsables de los asesinatos contra activistas ambientales

Al menos 40% de las agresiones contra de defensores del medioambiente en México provienen de autoridades locales, de acuerdo a cifras oficiales.

«Hay un gran porcentaje de autoridades, sobre todo de autoridades municipales, que son las opresoras y aquí tenemos un problema grave porque, finalmente, las autoridades locales no solamente no contribuyen en la solución sino que son parte del problema», dijo Irazoque.

En muchos casos, funcionarios locales están coludidos con el crimen organizado. Cuando no, son asesinados como demuestran los más de 200 crímenes contra alcaldes que se han suscitado en el país desde 2004.

Actualmente, el gobierno dialoga con autoridades, especialistas y víctimas en busca de una nueva ley general para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con la que pretende ponerle un alto a los asesinatos.

Con información de Reuters

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